Las regiones de la Cornisa Cantábrica piden que la nueva PAC tenga en cuenta sus sistemas productivos ganaderos

Las comunidades de la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) han pactado un documento que trasladarán al Gobierno central para exigir que se tengan en cuenta las peculiaridades de estos territorios en el diseño y la distribución de las ayudas de la futura PAC 2023-2027. Las cuatro autonomías defienden que el Plan Estratégico nacional de la PAC reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España y exigen al Ministerio, desde una posición “constructiva y leal”, que tenga en cuenta esas particularidades, según expuso el titular de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González.

Los consejeros de Medio Rural de las cuatro autonomías de la Cornisa Cantábrica firmaron por vía telemática un documento conjunto con su postura común al respecto en el que muestra su preocupación por la orientación “mediterránea” del Ministerio en esta materia, como expresó el representante gallego. González destacó que los territorios que conforman la Cornisa Cantábrica tienen en común unas características peculiares, como sus explotaciones, que en la mayoría de los casos tienen un tamaño pequeño o mediano y un carácter profesional, pero eminentemente familiar, y que su orientación productiva tiene que ver sobre todo con sectores ganaderos como el lácteo, algo que la diferencia de otras zonas de España.

En este sentido, González indicó que en la ayuda básica a la renta de los agricultores y ganaderos es necesario tener en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago muy inferior a la media española, por lo que entienden que este desequilibrio debe corregirse como paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie.

Una vaca transita por una zona de montaña.

Además, en el documento suscrito se considera “inaceptable” que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos (como los pastos arbustivos). Por otra parte, el representante de la Xunta manifestó que en el diseño de las ayudas a la renta es imprescindible que se reflejen, a nivel estatal, las diferentes realidades existentes de forma que se tengan en cuenta tanto las diferencias entre las dimensiones económicas de las distintas explotaciones como aquellas que se dan entre las diversas orientaciones productivas de los diferentes territorios.

Con respecto a las ayudas acopladas, González consideró prioritario para estas comunidades que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino con una dotación por lo menos similar al período 2014-2020.

Acerca de la definición de ‘agricultor genuino’, se defiende establecer un porcentaje mínimo, que se propone del 30%, de los ingresos agrarios sobre los totales, excepto para los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario. Se considera, además, como inadecuada la propuesta del Ministerio de incluir a aquellas personas que perciben menos de un cierto volumen de ayudas directas, con independencia de ese peso de los ingresos en su renta, al entender que “desnaturaliza la propia definición de agricultor genuino”.