El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno del Val, compareció ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con motivo de la puesta en marcha de la subcomisión que aborda el estado de la veterinaria en España, para explicar con detalle los problemas derivados de la normativa del medicamento veterinario y otras cuestiones relevantes, como el desconocimiento social e institucional de la importancia del veterinario dentro de la sanidad y la precariedad laboral.
Moreno señaló que, si bien la Ley General de Sanidad recoge la veterinaria como prestación básica del sistema sanitario público, no existe un reconocimiento real. “No se escucha a la profesión sobre nuevas normativas que afectan a la salud pública, ni en crisis sanitarias de enfermedades zoonósicas como el Covid-19. Es frecuente leer normas en cuya redacción encontramos las palabras ‘One Health’, pero no hay medidas tangibles que nos tengan en cuenta e implementen realmente el concepto Una Sola Salud”, precisó.
En la misma línea, recordó que en regulaciones específicas de la veterinaria tampoco se encuentra el adecuado enfoque sanitario: “Esto ha sucedido, por ejemplo, en la reglamentación del veterinario de explotación, donde las presiones de los sectores productivos provocaron que la sanidad se relegara a segundo lugar, y la figura del veterinario pasara a ser voluntaria”.
Otros argumentos expuestos ante los parlamentarios se centraron en que no se tienen en cuenta las peculiaridades de la profesión, cuando la propia AEMPS reconoce que se tienen siete veces menos medicamentos autorizados que en humana y ocho veces menos tipos de presentaciones disponibles, en la imposibilidad de acceder a las especialidades del Sistema Nacional de Salud y en la vigencia del IVA del 21% para los animales de compañía.
Respecto a la realidad del ejercicio profesional de la veterinaria en España, Gonzalo Moreno describió un panorama complejo, condicionado por la precariedad, remuneración insuficiente, exceso horario y falta de conciliación, tal como refleja un estudio realizado por la OCV en 2023 con una base de más de 3.000 encuestas.
“El salario medio de esta profesión universitaria se sitúa en los 25.000 euros brutos anuales, a lo que hay que sumar las excesivas horas trabajadas y horarios que impiden la conciliación con la vida familiar. Todo ello confluye en una valoración de la calidad de vida con una nota media de 5,39 sobre 10. Estas condiciones favorecen, en un entorno cada vez más exigente, la aparición de problemas de salud mental como estrés, ansiedad y sobrecarga de trabajo”, aseguró Moreno, que hizo también referencia a los casos de agresiones a profesionales.
“Todas estas circunstancias ayudan a explicar el altísimo abandono de la profesión. Casi el 45% de los veterinarios se han planteado hacerlo. Somos uno de los países del mundo que más veterinarios forma, el país de la UE con más facultades, y, paradójicamente, tenemos un déficit de veterinarios, especialmente en zonas rurales, con los importantes problemas que eso nos ocasiona como sociedad. Tenemos que dedicar esa enorme inversión no a nuevas facultades, sino a incentivar el ejercicio de nuestros compañeros y compañeras, o velar porque sus condiciones de trabajo sean dignas. Estamos frustrando y perdiendo a jóvenes con muchísimo talento, y otros países de nuestro entorno se aprovechan de esta situación”, añadió.
En lo concerniente al medicamento veterinario, Moreno reiteró que la prescripción es una de las principales atribuciones de las profesiones sanitarias para velar por la salud y tratar las enfermedades, para destacar además que el 60% de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas provienen de los animales, ante lo que se ha preguntado de modo retórico “por qué se dificulta la capacidad de prescripción y uso de medicamentos por parte de los veterinarios”.
Además, recordó que antes de que entrara en vigor el RD 666 España ya había reducido el 70% de los antibióticos usados en ganadería. “Pese a todo, a los veterinarios españoles se les imponen condiciones más estrictas de uso y control de medicamentos que a nuestros homólogos europeos”, apuntó.
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